En un mundo ideal, pero sobre todo, en una democracia ideal, un elemento clave es que muchos ciudadanos y organizaciones puedan revisar, analizar, preguntar y comentar libremente acerca de cualquier hecho, dato, o información originados en las acciones de los funcionarios y empleados de las instituciones cuyo funcionamiento es financiado por los mismos ciudadanos, a través de sus impuestos.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de El Salvador define el sujeto de la misma: “Información pública: es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título”.